Cierre de ¿prostíbulos? por el coronavirus

Hace unas semanas, cuando los casos de infecciones por coronavirus empezaban a crecer de nuevo, la Ministra de Igualdad envió una carta a las Comunidades Autónomas pidiéndoles que cerrasen los prostíbulos y locales de alterne. La Ministra hacía esta petición porque, a su juicio, las situaciones de proximidad entre personas que se dan en esos locales pueden contribuir mucho a la expansión del virus. Además, rastrear los casos resultaría difícil, como reconoció la Consejera de Sanidad de Castilla-La Mancha después de un brote en uno de estos locales en Alcázar de San Juan. Efectivamente, es razonable pensar que los visitantes de prostíbulos o locales de alterne no quieran explicar a los servicios de salud que estuvieron en uno de ellos. Dadas las condiciones en las que se encuentran las mujeres que trabajan en estos establecimientos, tampoco parece muy posible que ellas estuvieran dispuestas a hablar sobre sus actividades y sus clientes en su centro de salud.Por último, la Ministra expresó su empeño en luchar contra la explotación sexual de mujeres que tiene lugar en muchos de esos locales.

Esta noticia me ha hecho pensar en qué son exactamente los “prostíbulos” y “locales de alterne”, puesto que, en la legislación, no existen locales comerciales o abiertos al público con esos nombres. Sin embargo, todos los hemos visto: los famosos “clubs” que hay, por ejemplo, a lo largo de toda la A-62 (autovía de Castilla), o a la entrada de diferentes ciudades, en polígonos industriales o logísticos. ¿Qué pasa exactamente allí dentro? ¿Es legal? ¿Qué regulación tiene? A la hora de cerrar esta clase de locales, ¿cómo los podrán identificar las Comunidades Autónomas, si sus licencias de apertura no son licencias de prostíbulos ni de locales de alterne, sino de bares, restaurantes u hoteles?

En esta entrada, intentaré aclarar algunos aspectos legales, aunque digo desde ya que será difícil. La Ministra deja bien claro en su carta que su preocupación se debe a que en los prostíbulos y locales de alterne, se ejerce la prostitución. Aunque ha habido países que han dado consejos sobre práctica segura del sexo durante la pandemia, y en España, el Ministerio de Sanidad dio también alguna tímida recomendación, está claro que el contagio parece muy probable en relaciones sexuales. Llegamos así al difícil tema de la prostitución, y a su diferenciación de otras actividades como el “alterne”.

Como todo el mundo sabe, la prostitución en España no está prohibida, pero tampoco está regulada. No está reconocida como trabajo ni por cuenta ajena, ni autónomo. Se mueve fuera de la legalidad. Lo único que hay al respecto es una infracción en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Según el artículo 36.11, solicitar o aceptar servicios sexuales a cambio de un pago en zonas de paso público, cerca de colegios, parques o espacios de ocio infantil, o en lugares donde se pueda poner en riesgo la seguridad vial, es una infracción grave. Se puede castigar con multa de 601 a 30.000 euros, de acuerdo con los artículos 39 y 33 de la misma Ley Orgánica.

Diferencia entre alterne y prostitución

Esta falta de regulación y de reconocimiento significa que la prostitución que tiene lugar en los clubs de carretera, forzosamente, ocurre de manera ajena a la ley, al nombre y a las licencias de esos locales. En teoría, tampoco es parte de su modelo de negocio, porque no puede serlo legalmente. Por eso, aparecen formas de unir lo uno con lo otro al margen de la regulación. Los clubes y locales de alterne dan cobijo a la actividad de la prostitución, posibilitan el contacto entre quienes buscan y quienes ofrecen sexo y les dan ciertas facilidades. Sin embargo, en cuanto ocurren actos sexuales, el local y su empresario (en teoría) ya no tienen nada que ver: son encuentros privados entre dos personas que consienten en practicar sexo juntas. Algunas sentencias del Tribunal Supremo han tratado de dibujar la línea entre la actividad de “alterne”, legal y sometida a la legislación laboral, y la prostitución, que queda fuera de todo eso. Al hacerlo, nos han dado algunos detalles sobre lo que ocurre dentro de los “clubs”.

En una sentencia de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal Supremo define el alterne como la “captación y entretenimiento de clientes, induciéndoles a realizar consumiciones y obteniendo por ello una contraprestación económica de las propias consumiciones (una parte de la consumición del cliente), en un horario establecido, en los locales del propietario, sin aportación de medios.” Por lo tanto, el alterne no incluye la relación sexual, sino que se trata solamente de hacer compañía al cliente del “club” y de inducirlo a que consuma bebidas. Eso sí, en otra sentencia, de 29 de octubre de 2013, el Tribunal Supremo reconoció que, en aquel caso, el alterne era “una forma de contacto previo por medio del que lograr la venta del servicio sexual”. ¿Hasta qué punto se puede considerar entonces que la mujer que ejerce el alterne, y después la prostitución, es empleada del “club”? La sentencia de 21 de diciembre de 2016 lo aclara: si la actividad previa de “alterne” no es controlada ni remunerada por el propietario del club, sino directamente por el cliente, el Tribunal Supremo entiende que la actividad principal de la mujer es la prostitución y no el alterne. En ese caso, el propietario del club no tendrá la obligación de darla de alta en la seguridad social, ni hacerle contrato, ni nada. Se tratará sencillamente de una mujer que elige ese local para tratar de vender sus servicios sexuales, sin relación de ningún tipo con el club: una clienta más del local que lo utiliza como lugar de encuentro con sus propios clientes. En cambio, si el “alterne” se ejerce bajo el control del dueño del local, que paga a las mujeres, entonces sí que tendrá que hacerles contrato, darlas de alta, etc., independientemente de que, después de haber inducido a los clientes a consumir en el bar del “club”, las mujeres mantengan relaciones sexuales con ellos por precio en el mismo club o en otro lugar. La sentencia del Supremo de 21 de diciembre de 2016, por lo tanto, protege a las mujeres que ejercen el alterne bajo el control del dueño del “club”, y después la prostitución (en teoría) por su cuenta. Pero deja fuera a otras mujeres.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2 de junio de 2010 da detalles sobre cómo funciona el negocio en algunos hoteles de carretera: “Las personas que se alojan en el hotel son únicamente mujeres que pagan 40 euros al día por la habitación y manutención, teniendo refrescos gratis en la cafetería más dos bebidas al día con alcohol, siéndoles facilitados por la empresa unos tickets para entregarlos al personal de cafetería, siendo el precio para el resto de clientes inferior a 30 euros y que el personal del bar controla el número de consumiciones de cada cliente o huésped del hostal, admitiéndose invitaciones entre ellos”. Es decir, que el hotel tiene como huéspedes a las mujeres que después, en el bar, incitan a los clientes a consumir. El personal del bar controla cuánto consume cada cliente, para después pagar a la mujer la comisión correspondiente en función de cuántas bebidas hayan consumido sus clientes. Parece una trampa perfecta para mujeres con pocos recursos. En esa misma sentencia, se describe cómo se realizaba el “alterne”: Las mujeres estaban “vestidas con ropas adecuadas para la actividad de alterne (bodis, biquinis…frecuentemente con la espalda y/o ombligo al descubierto, las piernas sin cubrir) (…) En ocasiones eran invitadas por clientes masculinos a beber consumiciones despachadas y cobradas por el camarero.” Creo que es una ingenuidad el no ver la clara conexión del alterne con la actividad sexual, porque no acabo de entender por qué, para incitar a un hombre a que se tome una copa más, hay que ir con la espalda, el ombligo y las piernas descubiertos, ni llevar nada más que un biquini. Esa vestimenta es el anuncio de lo que vendrá después de las bebidas, y que el cliente obtendrá, quizás, si consume lo suficiente en el bar, de manera que la mujer se asegure al menos algo de dinero. La verdad es que vivir en un hotel de carretera, comiendo y bebiendo nada más que lo que ofrece el hotel, y trabajando en biquini por un sueldo incierto, no parece el tipo de profesión que una mujer empoderada elige libremente.

El caso es que otra sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2004, aclaró que es legal dedicarse a una actividad empresarial que consiste en facilitar otras actividades no reguladas por la ley, como la prostitución. En esa sentencia, se declaró que los empresarios de lugares de alterne tenían derecho a formar una asociación profesional (a la que querían llamar “Mesalina”), y que el Ministerio de Trabajo la tenía que inscribir en el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Trabajo. En los estatutos que los empresarios presentaron, se declaraba que su actividad era “la tenencia o gestión, o ambas, de establecimientos públicos hosteleros destinados a dispensar productos o servicios que tengan como público objetivo terceras personas, ajenas al establecimiento, que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia.” Se aclaraba que esta actividad no implicaba la inducción, promoción, intermediación o cooperación con la prostitución por cuenta propia.

Como podemos ver, las líneas que separan lo legal de lo que está fuera de la ley pueden ser muy delgadas, y las circunstancias, muy difíciles de probar. El resultado siempre será la desprotección de la parte más débil.

¿Cómo encontrar los “prostíbulos” y locales de “alterne” para cerrarlos?

Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro lo difícil que puede resultar identificar un lugar como club de alterne, o como un simple bar u hotel. La falta de regulación es la causa de esta dificultad. Por eso, las Comunidades Autónomas que decidieron seguir la carta de la Ministra, ¿cómo han decidido qué locales debían cerrar y cuáles no?

Sólo en Cataluña hay una respuesta clara, pues es la única Comunidad Autónoma que ha regulado los locales abiertos al público en los que se ofrecen servicios sexuales. El Decreto 217/2002 de la Generalitat los reguló por primera vez. Se trata de bares o de locales de espectáculos eróticos que disponen de reservados anexos en los que se prestan los servicios sexuales (artículo 3) y deben tener una licencia municipal específica: no les vale con la licencia de bar o de sala de espectáculos (artículo 15). En el Decreto, los servicios de naturaleza sexual se consideran como “una actividad ejercida de manera libre e independiente por el prestador o la prestadora del servicio con otras personas, a cambio de una contraprestación económica, y bajo su propia responsabilidad, sin que haya ningún vínculo de subordinación por lo que respecta a la elección de la actividad, llevada a cabo en reservados anexos a las dependencias principales de determinados locales de pública concurrencia.” Así pues, este Decreto parte de la base de que no existe ninguna relación de tipo laboral ni empresarial entre quienes ofrecen los servicios sexuales y los dueños de los locales. Eso sí, los dueños de los locales tienen la obligación de cumplir con todas las normas de ubicación (artículo 7), higiene (artículo 6) y control de accesos (artículo 10) que les impone el Decreto, y también “deben garantizar que las personas que prestan servicios de naturaleza sexual estén sujetas a las medidas de control sanitario de tipo preventivo y asistencial”, así como el acceso a preservativos (artículo 12). Sobre todo esta última obligación resulta llamativa cuando resulta que, entre el dueño del local y las personas que prestan servicios sexuales, no hay ninguna clase de vinculación. El Decreto 112/2010 de la Generalitat sobre el Reglamento de espectáctulos públicos y actividades recreativas derogó el Decreto 217/2002 y estableció una regulación parecida, aunque menos completa, en el art. 41.

En Cataluña, por lo tanto, resultaba fácil identificar qué locales había que cerrar para cumplir con el ruego de la Ministra de Igualdad, puesto que tienen una licencia municipal específica. Así, se dictó en Agosto una Resolución de la Consellera de Salut en la que se establece la suspensión de la apertura al público de “establecimientos públicos con reservados anexos” (art. 2). Sin embargo, algunos medios de comunicación han indicado que en Cataluña existen otros locales donde se practica la prostitución sin la licencia específica, o bajo otra licencia, y que no han tenido que cerrar porque la Resolución no se refiere a ellos. Según este mismo medio, en Cataluña hay 94 locales con la licencia específica.

Otras Comunidades Autónomas que han decidido hacer caso a la Ministra de Igualdad, como Castilla-La Mancha o Cantabria, lo han tenido más difícil, puesto que en su legislación no había nada regulado sobre clubes ni locales de alterne. El Decreto 49/2020 de 22 de Agosto del Gobierno de Castilla-La Mancha establece, en su punto noveno, que deberán permanecer cerrados al público “los denominados clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen.” Por su parte, la Resolución de 7 de Septiembre de 2020 del Consejero de Sanidad de Cantabria dispone que “deberán permanecer cerrados al público en todo caso los determinados clubes de alterne o prostíbulos con independencia de la licencia bajo la que se desarrolle su actividad”. Estas fórmulas presentan problemas, a mi juicio. En estas dos Comunidades Autónomas, los “clubes de alterne” y los “prostíbulos” no existen como conceptos jurídicos, de manera que no existe una definición legal para poder identificarlos. Es verdad que no todos los conceptos que se usan en las leyes tienen una definición legal, sino que muchas veces, los conceptos de las leyes se refieren simplemente a la realidad y no tienen una definición legal propia. Pero, al intentar guiarse por la realidad existente en sus territorios, las administraciones de estas Comunidades Autónomas se van a encontrar con problemas, porque los locales que quieren cerrar no siempre se llaman a sí mismos “club de alterne” o “prostíbulo”. Estos son nombres populares. Si se les pregunta a sus dueños, dirán que son hoteles o bares (salvo los que pertenezcan a la asociación de empresarios de la que se habló antes, que se identificaban claramente como empresarios de alterne). En Castilla-La Mancha, la administración ha tenido que guiarse por la identificación de locales hecha por fuerzas de seguridad u ONGs, lo que puede ser muy problemático legalmente y dar lugar a conflictos judiciales en los que la prueba, de nuevo, puede resultar muy dificultosa.

Ante esta situación, me he preguntado: ¿qué otras posibilidades podrían tener las Comunidades Autónomas?

La retirada de las licencias como posible solución

Como hemos visto, en Castilla-La Mancha, todos los locales de alterne y prostíbulos operan con otras licencias, como las de hotel o bar, porque no existe una licencia específica. En Cataluña, el cierre de los locales con licencia específica no da problemas, pero también hemos visto que existen otros donde, sin esa licencia específica, también se ejercen el alterne y la prostitución.

La Ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha define qué es una empresa de alojamiento turístico (artículo 14): Las empresas de alojamiento turístico son las que se dedican, de manera profesional y habitual, a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precio, a las personas que lo demandan, con o sin otros servicios adicionales.

Si en los locales de alterne o prostíbulos, además del alojamiento, se están ofreciendo otros servicios, aunque no sean legales, se podría argumentar que se está utilizando la licencia de hotel para dar cobijo de manera fraudulenta a esas otras actividades; más aún cuando, como vimos en los ejemplos anteriores, el empresario puede estar implicado en ellas e incluso, ser el empleador de las mujeres que ejercen el alterne u ofrecen los servicios sexuales. El artículo 3 del Decreto 4/1989 de Castilla- La Mancha obliga a los establecimientos hoteleros a obtener una autorización administrativa para poder abrir. El artículo 62.2 de la misma Ley de Ordenación del Turismo establece que es una infracción muy grave el incumplir o alterar los requisitos o condiciones de la autorización. Una autorización de hotel, de acuerdo con la definición que vimos antes, no comprende los servicios de alterne ni los sexuales. También es una infracción grave, según el artículo 62.4, la utilización de personas no habilitadas. Si las mujeres que ejercen el alterne y la prostitución son, como hemos visto en un ejemplo anterior, huéspedes del hotel, no parece que se las pueda considerar “habilitadas” para ejercer la actividad profesional y habitual a la que se refiere el art. 14 de la Ley. Sería distinto si se tratase de empleadas por cuenta del dueño del hotel. Como hemos visto antes, podrían serlo, pero solo para ejercer el alterne. En todo caso, parece que, si en un establecimiento con simple licencia de hotel de Castilla-La Mancha, se ejercen el alterne o la prostitución, se podría estudiar si se están cometiendo las infracciones de los artículos 62.2 y 62.4. Si se concluye que se han cometido estas infracciones, una de las sanciones que prevé el art. 66.1.B) de la misma Ley es la suspensión de la actividad o el cierre por seis meses prorrogables.

En cuanto a Cataluña, su Ley de turismo establece que es una infracción muy grave el ofrecer servicios turísticos para los que no se tiene título habilitante o licencia (artículos 88 y 89). Así pues, todos esos locales en los que se están ofreciendo servicios sexuales bajo una licencia de hotel o bar, pero sin la licencia específica del Decreto 112/2010, podrían estar cometiendo esta infracción (salvo que se considere que los servicios sexuales no son “servicios turísticos”). De acuerdo con los artículos 92 y 94 de la misma Ley de turismo, las sanciones pueden ser la retirada de la licencia, o el cierre temporal o definitivo del local.

Además, la Ley de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas establece como infracción el abrir un establecimiento y llevar a cabo actividades en él sin disponer de la licencia necesaria (artículos 47 y 48). De acuerdo con los artículos 50 y 51, la sanción puede ser el cierre o precinto del local. Es cierto que esta Ley no se refiere a los locales con reservados anexos para la prestación de servicios sexuales, pero el Decreto 112/2010, que desarrolla la Ley, sí que los prevé, de manera que se puede considerar que esos locales están sometidos también a estas sanciones. Por tanto, aquellos locales en los que tienen lugar actividades sexuales sin la licencia específica se podrían cerrar de acuerdo con esta otra Ley.

Las Comunidades Autónomas han tenido que reaccionar rápido y lo han hecho de la manera más expeditiva posible, con los decretos y resoluciones que hemos visto aquí. Pero yo me pregunto si, una vez metidas en materia, no sería buena idea que empezaran a revisar las licencias de los locales y a imponer las sanciones correspondientes, para intentar atacar el fenómeno de la prostitución encubierta bajo otras licencias de manera más consistente y con más seguridad jurídica. Lo que yo hago aquí es una propuesta rápida tras un examen superficial de la legislación. Las Comunidades Autónomas tienen sus servicios jurídicos profesionales que saben mucho más que yo y que valorarán cuál es la mejor opción, pero quizás valiera la pena seguir esta pista para tratar de poner un poco de orden. Al hacerlo, habría que pensar en las consecuencias para las mujeres, obviamente. ¿Es más seguro para ellas ejercer alterne y prostitución en locales que, al menos, tienen licencia para otra cosa, o en las calles o en sus casas? Desde luego, en las noticias hemos visto muchas veces cómo los “clubes” distan mucho de ser lugares seguros, y se pueden convertir en centros de explotación sexual.

En el año 2015, el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer criticó que la definición de proxenetismo en el Código Penal español (artículos 187 y 188) era demasiado limitada, y que dificultaba el enjuciamiento de la explotación de la prostitución. También criticaba que había muy pocos datos disponibles al respecto, y que no se podía saber bien la dimensión de la explotación sexual en España. Por último, hablaba de la necesidad de dedicar más recursos de acogida y apoyo para mujeres afectadas.

Sin meternos aquí en estudios que hay sobre el asunto, está claro que hay un problema con la explotación sexual de mujeres (también de hombres, aunque en muy menor medida) en España, y en que hay que atacarlo. Quizás aquí, de nuevo, la crisis del covid sea una oportunidad.

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