Combatir las «terapias de conversión» de personas trans, bisexuales y homosexuales a nivel estatal

Hace ya varios meses, publiqué un artículo sobre la diferente normativa que existe respecto a las llamadas “terapias de conversión” en España. Ese artículo sirvió para ver que las Comunidades Autónomas han tratado este asunto de maneras muy diferentes, que van desde la falta de normativa hasta el castigo con multas muy altas. La conclusión era que hacía falta una normativa igual para toda España, porque si no, podía ocurrir, como, de hecho, ocurre, que las personas que practican estas terapias se trasladen de una Comunidad Autónoma a otra para burlar las prohibiciones.

Prometí entonces una segunda parte para explicar que, en realidad, el Estado está obligado a proteger a las personas frente a las “terapias de conversión”, y que, por lo tanto, tener una legislación para todo el país sobre esta cuestión no es una opción libre, sino que esa normativa se tiene que aprobar cuanto antes. Eso es lo que voy a hacer aquí.

En la página web de la Asociación Española contra las terapias de conversión se puede leer qué son exactamente estas «terapias», y en el blog especializado Queerídico se ha explicado muy claramente por qué estas «terapias» violan los derechos humanos. En esos artículos, se habla de formas de “terapia de conversión” muy extremas: las que implican violencia física, encierros, castigos, maltrato psicológico…En los artículos, queda suficientemente claro por qué hay que luchar contra ellas. Yo entiendo que el Código Penal en España ya da una respuesta para estas situaciones, sabiendo también las dificultades que tienen las víctimas de delitos (especialmente, las víctimas trans, bisexuales y homosexuales) para denunciar y pasar por un proceso penal (según una encuesta europea, el 21% de las personas trans, bi y homosexuales que sufrieron algún incidente violento, no lo denunciaron a la policía por desconfiar de ella). Este artículo tratará sobre otras formas de “terapias de conversión” menos brutales y más presentes en España.

¿Qué formas de «terapias de conversión» existen en España?

Esta es una pregunta difícil de responder. Las “terapias de conversión” no siempre se ofrecen de una manera muy publicitada, se les ponen nombres confusos, y las personas que son sometidas a ellas pueden tener dificultades para denunciarlas. Además, estas “terapias” se practican a veces en las familias, de manera que no hay siempre un establecimiento, un lugar o un local identificable en el que ocurren, como una consulta o un despacho.

La información que dan distintos informes, que se pueden consultar en la página web de la Asociación Española contra las terapias de conversión, apunta a que aquí no se dan las formas más extremas y violentas. A salvo de casos aislados que siempre pueden ocurrir en familias o comunidades, ni el Estado, ni organizaciones religiosas o privadas practican este tipo de métodos. Los informes que he consultado, del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, de la Asociación Internacional ILGA y del Experto Independiente de la ONU, se refieren a prácticas como exorcismos, terapias masturbatorias (practicar la masturbación mientras se fantasea con personas del otro sexo, para “aprender” a asociar el deseo sexual con las personas del otro sexo y no con las del propio), o el “coaching” (trabajo con la propia personalidad). La Asociación Española contra las terapias de conversión menciona en su web “casos documentados de terapias médicas, consistentes en prescripción y suministro forzado de medicamentos  y fármacos  a jóvenes LGTBIQ+ o en  sometimiento a exámenes médicos forzosos”. Entiendo que estos últimos casos deben tener respuesta en la legislación sanitaria existente, que no permite prescribir medicamentos sin justificación médica, ni medicamentos que no pueden producir los efectos buscados. Así pues, aunque se den casos en la práctica, entiendo que la legislación ya existente puede servir para controlar estos casos.

Nos quedan entonces esas formas de terapia de conversión más disimuladas, que se presentan incluso como una manera de ayudar a la gente en su desarrollo personal y en la búsqueda de su felicidad. Es el caso que ya comenté en el otro artículo de Elena Lorenzo y de los cursillos que se han dado en el obispado de Alcalá de Henares. ¿Tiene el Estado, también en este caso, la obligación de actuar?

Obligación de actuar del Estado

La respuesta a esta pregunta tiene que venir de un análisis de las consecuencias que este tipo de terapias de conversión, que se presentan como inofensivas e incluso, como beneficiosas, pueden producir en las personas que se someten a ellas. De nuevo, no podemos esperar que haya muchos datos sobre esto. Está claro que los efectos de este tipo de terapia de conversión serán distintos de los efectos de los tipos más brutales. Sin embargo, un grupo internacional de expertos publicó en mayo de 2020 en la revista “Journal of Forensic an Legal Medicine” (Revista de medicina legal y forense) un artículo en el que afirmaban que “Todas las prácticas destinadas a lograr la conversión son inherentemente humillantes, denigrantes y discriminatorias. Combinados, los efectos que tienen la sensación de impotencia y la humillación extrema generan profundos sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autoaversión e inutilidad, que pueden menoscabar el autoconcepto y provocar cambios permanentes en la personalidad. El daño ocasionado por las “terapias de conversión” comienza con la noción de que una persona está enferma o es anormal a causa de su orientación sexual o identidad de género y, por lo tanto, debe ser tratada”. Esta cita está recogida del informe del Experto Independiente, que traduce al español este pasaje del artículo del grupo internacional de expertos.

Siguiendo a este grupo, parece que todas las prácticas que tratan de cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona pueden producir consecuencias de tipo psicológico, ya que la persona recibe el mensaje de que algo está mal con ella, y tiene que esforzarse por cambiarlo. Es razonable pensar que las terapias de tipo “suave” también pueden producir efectos psicológicos y anímicos muy negativos, porque igualmente parten de esa premisa y no enseñan a la persona que pasa por ellas a aceptarse tal como es, sino que tratan de convencerla (o reafirmarla) de que no puede estar a gusto con su manera de ser, y de que tiene que combatirla.

El artículo 15 de la Constitución Española protege el derecho a la integridad física y moral. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 56/2019, entendió que se dañó la integridad moral de un funcionario que estuvo asignado durante casi año y medio a un puesto de trabajo sin funciones definidas, sin que se le encargaran ningunas tareas, ni se le permitiera participar en reuniones de trabajo. El Tribunal consideró que esta marginación laboral era “un claro menosprecio y ofensa a la dignidad del trabajador”, apta para provocarle “sensación de inseguridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”. A este perjuicio moral, se podían añadir “daños psicofísicos por estrés, angustia, ansiedad o depresión.” En otras sentencias anteriores, además, el Tribunal había ya dicho que para violar el derecho a la integridad moral, no es necesario que el daño se haya producido. Basta “con que exista un riesgo relevante de la que la lesión pueda llegar a producirse.”

Si un funcionario marginado en su trabajo puede sufrir estas consecuencias, parece claro que también las puede sufrir una persona trans, bi u homosexual a la que se somete a un tratamiento para cambiar uno de los aspectos más íntimos  fundamentales de su personalidad. El Tribunal Constitucional habla de “perturbar el libre desarrollo de la personalidad”. Efectivamente, el derecho a la integridad moral existe para que cada cual pueda ser quien es. Pocas cosas pueden perturbar más el libre desarrollo de la personalidad que decir a alguien que su orientación sexual o su identidad de género son malas, incorrectas, equivocadas, y que tiene que cambiarlas porque le van a producir infelicidad. En un comentario académico de la Constitución Española,[i] se dice que el derecho a la integridad moral incluye el derecho a no ser sometido a tratamientos que anulen o modifiquen las ideas, pensamientos o sentimientos de la persona, y que protege la capacidad de cada persona para decidir libre y voluntariamente sobre sí misma.

El Tribunal Constitucional también tiene reconocido que los derechos fundamentales no significan solamente el deber del Estado de respetarlos, sino también el deber de protegerlos. Es decir: las instituciones y autoridades públicas tienen prohibido dañar la integridad moral, pero, además, tienen que protegerla contra ataques que provengan de otras personas. La dificultad está en definir en qué momento debe el Estado intervenir para proteger, y en cómo debe hacerlo.

Para determinar estas cuestiones, se puede recurrir al Convenio y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.* El Convenio Europeo de Derechos Humanos protege el derecho a la vida privada, que incluye también la integridad física y moral y el libre desarrollo de la personalidad. El Tribunal Europeo también reconoce que el Estado tiene el deber de tomar medidas para proteger, y no solo de respetar. Pero para que ese deber se active, hace falta que el ataque a la integridad moral tenga una cierta gravedad, que se tiene que demostrar caso por caso. En el caso de una pareja homosexual que sufrió graves insultos y amenazas en redes sociales, el Tribunal consideró que se había alcanzado esa gravedad, y condenó a Lituania por no investigar las amenazas. En este mismo caso, el Tribunal dijo que el ataque a la persona debe causar un perjuicio al disfrute de la vida privada. Sin duda, una terapia de conversión perjudica ese disfrute porque, en lugar de dejar a las personas ser como son y ayudarlas en su camino, intenta corregirlas. También consideró que se alcanzó el nivel mínimo de gravedad en el caso de una mujer que sufrió amenazas de su exmarido, que ya la había atacado físicamente con anterioridad, aunque esta segunda vez, las amenazas no llegaron a cumplirse. Se trata de casos muy distintos a una terapia de conversión, pero nos dan una idea de cuál es la gravedad que han de tener los daños a la integridad moral para que el Estado tenga obligación de actuar. Además, para que esa obligación del Estado surja, el Tribunal tiene en cuenta si los aspectos de la vida privada atacados son esenciales o fundamentales para la persona, según dijo en otra sentencia. De acuerdo con su propia jurisprudencia, la orientación sexual y la identidad de género lo son. Finalmente, el Estado tendrá el deber de proteger cuando debería haber sido consciente de la existencia de determinado riesgo (como en esta sentencia), y debe disponer de una legislación que proteja a las personas de la violencia ejercida contra otras, como también ha dicho el Tribunal. Desde luego, y a lo más tardar, desde que salió el año pasado el informe del Experto Independiente de la ONU sobre “terapias de conversión”, todos los países tendrían que darse por advertidos del riesgo.

La siguiente pregunta es: ¿qué debe hacer el Estado exactamente para proteger? El Tribunal Europeo deja bastante libertad a los Estados a este respecto, porque no quiere entrometerse demasiado en realidades que el mismo Tribunal conoce poco. En asuntos muy graves y claros, como por ejemplo, el abuso sexual de personas con discapacidad intelectual, la violencia de género o amenazas por motivos discriminatorios, sí que ha dicho que es necesario contar con una legislación penal que castigue esos actos. Seguramente, el Tribunal diría lo mismo respecto de las formas más brutales de “terapia de conversión”. En cambio, cuando se trata de actos menos graves que puedan dañar la integridad moral, el Tribunal ha dicho que puede bastar con recursos civiles, que implican una obligación de indemnizar, pero no un castigo.

Lo que podemos sacar en claro es que, ante “terapias de conversión” de tipo menos grave o más disimulado, el Estado tiene una obligación de actuar para proteger a las personas, ya que existe el riesgo, muy cierto, de que se produzcan daños para la integridad moral. Al hacerlo, el Estado protege además la igualdad como valor social y constitucional. Las maneras de actuar pueden ser varias, como vimos en el artículo anterior al examinar la legislación de las Comunidades Autónomas: prohibiciones, multas… En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay un interesante caso en el que el Tribunal estableció un deber de dar información sobre los riesgos que una actividad profesional podía suponer para la integridad física de las personas. Según el Tribunal, para proteger esa integridad, era necesario dar a las personas información esencial que les permitiese valorar los riesgos para su vida y salud, y que esa información no se debía limitar a riesgos que ya hubieran tenido lugar, sino que también debía recoger otros riesgos probables. Como mínimo, España debería hacer esto con las “terapias de conversión”, al igual que lo hace con las pseudoterapias y las pseudociencias. Además, hay muchas otras posibilidades de limitar el uso de estas “terapias”; por ejemplo, con la normativa de los Colegios Profesionales de las profesiones que puedan estar implicadas, como la psicología. Desconozco lo que establece esa normativa actualmente, y no quiero decir que no esté ya convenientemente adaptada. Solo lo señalo como una posibilidad más. También está la regulación de la publicidad engañosa, como vimos en el artículo anterior sobre este tema. Qué instrumento sea el más adecuado dependerá del caso. Lo más sabio es contar con todos ellos, y utilizar cada uno de la manera más apropiada en cada situación. Como también vimos en ese artículo, lo importante es que la regulación sea igual para todo el país, de manera que quienes ofrecen “terapias de conversión” no puedan burlar la normativa de una Comunidad Autónoma trasladándose a otra.

Una cuestión final

En el informe del Experto Independiente de la ONU, se trata una cuestión que probablemente sea de las más espinosas: ¿qué ocurre con las personas que quieren someterse a una “terapia de conversión” libre y voluntariamente porque piensan que así serán más felices? Como dice el propio Experto Independiente, hay que respetar el derecho de quienes quieran llevar una vida de acuerdo con las normas de su sociedad, aunque sea en contra de su orientación sexual o identidad de género. Pero esto no significa que tengan el derecho a contar con unos servicios que los ayuden en ese empeño. Aún menos significa que el Estado tenga que tolerar actividades que pueden resultar perjudiciales para la integridad moral. Además, pensar que las personas se someten voluntariamente a “terapias de conversión” ofrecidas desinteresadamente por otras personas que solo quieren ayudarlas parece algo ingenuo. Quienes ofrecen “terapias de conversión” tienen motivos como mínimo de tipo moral o religioso y, en el peor de los casos, intereses económicos. La permisividad con las “terapias de conversión” finalmente protege y fomenta esos intereses, no los de las personas que puedan estar incómodas con su propia orientación o identidad. Esos intereses morales o económicos deben ceder ante la protección de la integridad moral. Ninguno de nosotros tenemos un derecho a que los demás lleven una vida privada y sexual como a nosotros nos gustaría, ni a ganar dinero intentando cambiar una realidad que es como es.

Para finalizar: si alguien que haya leído este artículo, o el anterior, está sufriendo una “terapia de conversión”, que se ponga en contacto con la Asociación Española contra las terapias de conversión para recibir información, orientación y ayuda.

*¿Qué es exactamente…

… el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Es un tribunal internacional que está en Estrasburgo, en Francia. Lo crearon varios países europeos mediante un tratado internacional, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y su función es declarar si los países que han ratificado ese tratado han violado o no alguno de los derechos que establecen el Convenio y sus Protocolos Adicionales. Cualquier persona puede poner una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra cualquiera de los países que han ratificado el Convenio si piensa que ese país ha violado uno de sus derechos, y si ha agotado todos los recursos judiciales que existan en ese país y no ha tenido éxito. Por ejemplo, en España, hay que llegar hasta el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Europeo da la razón a la persona, declara que se ha violado su derecho, ordena al país que le pague una indemnización y, a veces, ordena o indica a ese país otras medidas para eliminar las consecuencias de la violación del derecho.


[i] Mercedes Pérez Manzano y Carmen Tomás-Valiente Lanuza: “Artículo 15”, en: Comentarios a la Constitución Española, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008. Ver página 326.

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