La Constitución española a sus 42 años

De nuevo es 6 de diciembre, y, como todos los años, el acontecimiento del día es el aniversario del referéndum de 1978 en el que se aprobó la Constitución española (aquí en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano). En años anteriores, los discursos y actos oficiales con este motivo se volvían cada vez más impostados. En ellos, se hablaba mucho de lugares comunes y se alababa la Constitución, pero con poco entusiasmo y de una manera quizás bastante alejada de las ideas que muchas ciudadanas y ciudadanos asocian con ella.

Este año es un momento muy oportuno para tratar de reflexionar de una manera más seria y profunda sobre la Constitución. También lo fue el 2017 y se desaprovechó la oportunidad, así que es posible que haya una nueva decepción, pero no podemos dejar de intentarlo. El año 2020 ha sido movido también para la Constitución, pues se han declarado tres estados de alarma (dos para todo el país, y uno breve para la Comunidad de Madrid), que han cubierto largos periodos de tiempo. En mi opinión, se puede decir que, en general, el sistema constitucional ha soportado bien esta prueba de estrés. El estado de alarma funcionó; durante su vigencia, no cesó el control parlamentario del Gobierno (aunque hubiese un parón al principio) y las instituciones, en general, siguieron cumpliendo su papel. Por supuesto que hubo agujeros. Nos seguimos preguntando si algunas de las limitaciones de derechos fundamentales han sido legítimas. Para mí, destacan particularmente las personas que se quedaron sin votar en las elecciones gallegas y vascas. La suspensión de la actividad judicial salvo en determinados casos va a acarrear grandes problemas de funcionamiento a la justicia, y ha supuesto un retraso en la protección de derechos e intereses que puede tener graves consecuencias para las personas afectadas. Se ha criticado también la atribución a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para autorizar decretos de las Comunidades Autónomas mediante los que se establecen restricciones de carácter general, por considerarla contraria a la separación de poderes. Ha habido mucha incertidumbre y un continuo tira y afloja entre el Estado y las Comunidades Autónomas por las competencias y los recursos.

A pesar de estos agujeros, los aspectos fundamentales de la estructura institucional, que son los que la Constitución regula, han resistido y yo diría más que eso: han respondido a la situación y han sido útiles para afrontarla. En algunos aspectos, considero que el sistema incluso ha ganado y se ha reforzado. Volviendo a las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, yo diría que el sistema constitucional ha mostrado flexibilidad y, por fin, ha explorado vías de cooperación y coordinación que hasta ahora estaban muy abandonadas. El ejemplo más claro ha sido la frecuencia de las Conferencias de Presidentes y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha reunido también conjuntamente con otras Conferencias Sectoriales. De esta manera, con más o menos éxito en cuanto a los resultados, se han potenciado los espacios de diálogo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y entre las Comunidades entre ellas, lo cual es muy necesario. Por supuesto que no se ha llegado a la solución definitiva. Para eso, falta mucho, y habrá que experimentar aún más. Hemos perdido 42 años en este sentido, pero ya que hemos empezado, no perdamos la esperanza y siguamos por ese camino, aunque falte mucho trecho para llegar al final.

Ya hace bastantes años que se habla de la necesidad de reforma constitucionales, algunas de carácter más general, y otras, más puntuales. Hace ya casi 15 años, el Consejo de Estado emitió un informe, a petición del Gobierno, sobre la reforma constitucional en cuatro cuestiones: suprimir la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, reforma del Senado, introducir una lista con los nombres de las Comunidades Autónomas, y la incorporación del España a la Unión Europea. Como sabemos, ninguna de estas reformas se llevó a cabo, pero siguen siendo muy necesarias. En cambio, en el año 2011, sí se produjo, de una manera muy rápida, la modificación del famoso artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria, que incluyó en la Constitución los límites de déficit fijados por la Unión Europea y dio prioridad absoluta a los créditos para pago de la deuda pública. Esta reforma fue producto del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Este Tratado, en realidad, no obligaba a realizar una reforma de la Constitución, ya que exigía que sus normas se incorporasen en el Derecho de los Estados mediante leyes “preferentemente” de rango constitucional, pero no obligatoriamente. Además, el Pacto se concluyó en marzo de 2012 y entró en vigor en enero de 2013, de manera que España se adelantó.

Los sucesos de Cataluña entre 2015 y 2017 abrieron otro frente de reformas, esta vez, sobre la estructura territorial. Lo que ocurrió entonces estuvo tan fuera de los límites de la Constitución y estuvo tan atravesado y emborronado por la tensión política, que resulta difícil saber exactamente cuál era la reivindicación, y qué lecciones sacar de cara a una reforma constitucional. Pero es evidente que es un asunto del que hay que hablar, y que las partes con distintas opiniones tendrán todas que estar dispuestas a tratar de temas que para ellas puedan ser tabú.

Además, en los últimos años ha cobrado mucha fuerza en todo el país el movimiento feminista. Respecto a la Constitución, sin querer arrogarme su voz, la reivindicación viene a decir que las mujeres estuvieron muy ausentes de la elaboración de la Constitución, y que, por eso entre otras cosas, la Constitución no considera a las mujeres como sujeto político. Lo primero es absolutamente cierto. En el Congreso y el Senado que elaboraron la Constitución, no había más que, respectivamente, 21 y 6 mujeres. La Constitución tiene solamente 27 “madres”, y todas ellas, muy poco conocidas. Algunas han tenido cargos de relevancia después, como Soledad Becerril, María Izquierdo Rojo o Carlota Bustelo. Otras han mantenido una cierta presencia en la vida pública, aunque fuese a nivel local, como Ana María Ruiz Tagle o Dolors Calvet. Pero otras, como, Asunción Cruañes, Belén Landáburu, Mercedes Moll, Esther Tellado o Nona Inés Vilariño resultan, en general, mucho menos conocidas. Para conocerlas, recomiendo vivamente el documentalLas Constituyentes”, del año 2011. Sobre que la Constitución ignora a las mujeres como sujeto político, yo tengo personalmente otra opinión. Para mí, la Constitución considera a todo el mundo como sujetos políticos, también a los extranjeros, aunque no puedan votar en la mayor parte de los casos. Así, los derechos fundamentales de la Constitución (artículos 14 a 38) se reconocen a “todos”, a “toda persona”, a “los españoles”, o a “los ciudadanos” (entendiendo que se usa el masculino genérico). Pero es verdad que la palabra “mujer” sólo aparece en la Constitución dos veces: en el derecho al matrimonio (artículo 32: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”) y en el artículo 57, para establecer la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Además, muchas de las demandas específicamente de las mujeres ciertamente no están recogidas de manera expresa, o tampoco de manera implícita. Por eso, sin compartir la manera de formular la reivindicación feminista, sí creo que tiene mucha razón de ser y que, por lo tanto, aquí hay otra serie de motivos de mucho peso para plantear reformas constitucionales. Y cuando llegue el día, desde luego, cualquier órgano que redacte y apruebe la nueva Constitución tendrá que ser, como mínimo, paritario, sin olvidar a los géneros no binarios, para garantizar que el punto de vista de las mujeres esté plenamente recogido en esa nueva Constitución.

En el plan anual normativo del gobierno actual para 2020, se incluye una propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución. Este artículo obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. De acuerdo con el plan normativo, se trata de adaptar la terminología a otra más actual, y de introducir una concepción de la discapacidad nueva, que no esté basada en el modelo médico de discapacidad sino en un modelo social. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ya ha indicado a España en un informe de 2019 que, en general, en toda su normativa, tiene que cambiar el enfoque médico de la discapacidad por uno basado en los derechos humanos, que entienda que es la sociedad quien pone las barreras, y no las personas quienes están discapacitadas o disminuidas.

A todos estos motivos para la reforma, se añaden los que vamos a descubrir cuando haya pasado la pandemia. Aquí no me voy a aventurar más, pero una mejor posición constitucional del sistema de salud, y quizás una regulación más clara del estado de alarma, serían dos cuestiones principales. Finalmente, en la era de la concienciación sobre el cambio climático, es posible que el artículo 45 de la Constitución se quede corto para afrontar todos los retos, aunque en su brevedad, resulte muy completo.

La lista de deberes empieza a ser ya muy larga. A sus 42 años, la Constitución necesita sin duda un rejuvenecimiento. La pregunta es, ¿cuál es el momento adecuado? Ahora sabemos que, si por ejemplo, en el año 2014 hubiésemos iniciado un proceso de reforma constitucional, todo lo derivado de la crisis territorial, la reivindicación feminista, la pandemia y el cambio climático, se hubiera quedado fuera. La historia avanza muy deprisa últimamente, y esta rapidez dificulta las decisiones sobre los momentos oportunos para hacer las cosas importantes. Pero no solo desde ese punto de vista hay que encontrar el momento apropiado. Una Constitución es algo muy serio, y para que salga bien, no basta con la mitad más uno. Para asegurar que el consenso es suficientemente amplio, en primer lugar tiene que haber un fortísimo acuerdo sobre la necesidad de reformar. Si una parte significativa de la población piensa que no hacen falta reformas, el proceso nacerá cojo, y prosperará difícilmente. El 25 de octubre, hubo un referéndum en Chile en el que más del 78% de los y las votantes se expresó a favor de iniciar un proceso de redacción de una nueva Constitución. Este resultado me ha hecho pensar. Por un lado, es muy posible que la sociedad chilena haya vivido unos cuantos años bajo una Constitución que ya no quería. Por otro, ¿se habría conseguido un acuerdo tan amplio si el referéndum se hubiera celebrado antes? Un 78% es una muy buena base, y quizás se pueda decir que la espera valió la pena.

Con esto quiero decir que no nos precipitemos. Es importante que haya una amplia mayoría social, que permita un proceso sin sobresaltos, y que nos asegure que tendremos al final algo mejor que lo que teníamos al principio. Hay otra idea que me inclina por la prudencia. Algunas veces, me pregunto cuántos amigos tiene en realidad la Constitución de 1978. Si preguntamos, es fácil escuchar a gente que la rechaza porque dice que es la Constitución de Franco. Otros la rechazan por ser monárquica; otros más, por ser liberal-burguesa, en lugar de socialista; otros, porque no reconoce la autodeterminación de determinadas regiones del país. Parece que cada uno tuviera su propia batalla que librar, en pro de sus intereses particulares. También están quienes se la quieren apropiar en exclusiva, y pretenden darle una carga ideológica conservadora que no tiene. ¿Qué pasaría si se “abriera el melón” de la reforma? ¿Se mantendría la lealtad necesaria a la Constitución actual y a su procedimiento de reforma? Todas estas objeciones son importantes y deben ser escuchadas y discutidas, pero, ¿sería todo el mundo consciente de que estaríamos buscando de nuevo una casa común para todas?

Recordemos qué le ocurrió a la Constitución de la Segunda República después del golpe de estado fascista y el comienzo de la guerra civil. Hubo diferentes grupos que vieron la oportunidad de llevar a cabo su particular lucha, en pro de la revolución o del nacionalismo. Demasiado pocos se quedaron del lado de la Constitución, que encarnaba a la República. Durante los seis primeros meses de la guerra, la dispersión en el bando republicano fue muy perjudicial en lo militar. Se perdieron meses preciosos, y las fuerzas golpistas llegaron hasta la Ciudad Universitaria de Madrid. La República solo pudo resistir cuando las diferentes fuerzas que luchaban en su bando aceptaron, más o menos, el mando del Gobierno oficial. No lo digo yo, lo dice Manuel Azaña en su libro “Causas de la guerra de España”. La Constitución se quedó huérfana, y, finalmente, fue desterrada. Se perdió algo que a muchos no les terminaba de convencer del todo, pero que era lo mejor que había existido hasta entonces y que, tras su pérdida, fue largamente añorado. La historia la rehabilitó parcialmente, ya que la Constitución de 1978 tiene artículos claramente inspirados, cuando no prácticamente calcados, de la Constitución de la República. Comparen el artículo 149.2 de ahora con el artículo 48 de entonces; el 128 de ahora con el 44 de entonces, o el 143 de ahora con el 11 de entonces. En asuntos muy importantes, la Constitución de 1978 se inspiró fuertemente en la de 1931.

Para mí, los deseos de reforma se tienen que expresar y canalizar siempre de manera leal a la Constitución actual, y para fomentar esa lealtad, creo que no sobra decir que, a pesar de las pegas justificadas que le ponen unos y otros, se trata de una buena constitución. De nuevo, no lo digo yo, lo dice Peter Häberle, uno de los especialistas en Derecho comparado más prestigiosos de Europa, que en 2003 escribió un artículo titulado “La ejemplaridad de la Constitución española desde la perspectiva europea”. Creo, además, que subrayar los aspectos positivos de la Constitución es el merecido reconocimiento que le debemos a la generación que nos devolvió la democracia, a todas las personas que en la política, la cultura, la economía, el periodismo, la enseñanza, y muchos otros campos, pelearon por el cambio, se adaptaron a él y lo consolidaron. También es un buen homenaje para quienes murieron antes de ver la democracia restaurada, aunque no hubiese sido, en todos los aspectos, la que ellos y ellas hubieran deseado. Yo nací en 1986; no solo en democracia, sino ya, desde mi nacimiento, como ciudadano de la Comunidad Europea, en la que España ingresó el 1 de enero de ese año gracias al artículo 93 de la Constitución. No me puedo olvidar de quienes actuaron para que yo y muchos otros naciésemos en un país libre. Por eso, a la vez que observo la realidad, tomo nota de los cambios constitucionales que va exigiendo, y me posiciono a favor de esos cambios, mantengo y expreso mi aprecio por la Constitución de 1978.

Entradas relacionadas