Moción de censura y nuevo Gobierno en Murcia: más derecho y menos política

Los movimientos políticos del último mes en la Región de Murcia han dejado perplejo a todo el mundo. La maniobra política ideada por el PSOE y Ciudadanos para relevar al Gobierno del PP y Ciudadanos ha fracasado estrepitosamente y ha llevado a la entrada de la extrema derecha en un gobierno autonómico por primera vez. Murcia fue la primera Comunidad Autónoma en tener una mujer presidenta (María Antonia Martínez, 1993-1995), y es la primera en tener a la extrema derecha en el gobierno tras la designación como Consejera de Educación y Cultura, el 3 de abril, de María Isabel Campuzano, diputada expulsada de Vox en la Asamblea de Murcia.

En este blog, hablamos de derecho y de política, y de las relaciones entre ambos. Lo que ha pasado en Murcia sirve muy bien para intentar entender estas relaciones, y los fallos y agujeros que hay en su configuración. Lo que propongo aquí es que lo que ha ocurrido en la formación de Gobierno en Murcia tiene relevancia legal, aunque se haya movido únicamente en el terreno de lo político y nadie haya exigido responsabilidades legales. Con esto, quiero demostrar que no estamos, o no deberíamos estar, completamente indefensos frente a los movimientos de la política.

¿Qué pasó en Murcia?

El día 10 de marzo, los diputados y diputadas del PSOE y de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia presentaron una moción de censura, firmada por todas ellas. No hubo ningún diputado ni diputada de estas formaciones que no firmase la moción. En total, sumaban 23 escaños. La Asamblea de Murcia tiene 45, de modo que parecía seguro que la moción tendría éxito, pues todos los demás partidos representados en la Asamblea, aunque unieran sus fuerzas, no habrían podido superar esos 23 escaños. Además, los dos escaños Unidas Podemos se mostraron favorables a apoyar la moción.

Esta moción significaba la ruptura del Gobierno murciano. Ese Gobierno se apoyaba en una mayoría parlamentaria de 26 escaños formada por PP, Ciudadanos y Vox. Era un Gobierno de coalición, presidido por Fernando López Miras, del PP, y con cinco Consejeros y Consejeras de Ciudadanos. Así pues, Ciudadanos daba un giro de timón, rompía su acuerdo, y retiraba la confianza al Presidente de un Gobierno en el que ellos mismos participaban. Maniobra extraña pero, al fin y al cabo, conforme con la legalidad, puesto que la moción de censura está prevista en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, y ese artículo no prohíbe que la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno cambie de opinión.

Sin embargo, el Partido Popular y el Presidente de Murcia no estaban dispuestos a consentir su salida del Gobierno y actuaron rápidamente. Su jugada consistió en ofrecer Consejerías en el Gobierno a dos diputadas y un diputado de Ciudadanos. La primera de ellas, Isabel Franco, ya era Vicepresidenta del Gobierno de Murcia a la vez que diputada. A ella se le ofreció la continuidad en el Gobierno a cambio de su voto en contra de la moción de censura. La segunda es Valle Miguélez, a quien se le ofreció la Consejería de Empresa en sustitución de Ana Martínez Vidal, otra diputada de Ciudadanos en la Asamblea que también era Consejera (y que se habría convertido en Presidenta si hubiese salido adelante la moción de censura). Por último, al diputado Francisco Álvarez García se le ofreció la Consejería de Empleo, en sustitución del anterior Consejero de Ciudadanos Miguel Motas, que no era diputado. Además, en la Consejería de Transparencia, José Gabriel Sánchez fue sustituido por Antonio Sánchez Lorente, ambos de Ciudadanos, que no eran diputados.

De esta manera, el Presidente se aseguró los 23 votos que le hacían falta: los 16 del PP, los cuatro de Vox (contando aquí a los tres diputados y diputadas de Vox expulsados del partido que mantuvieron sus escaños), y tres de los seis votos del grupo parlamentario de Ciudadanos. Los nombramientos de los nuevos Consejeros se produjeron el día 12 de marzo, y la moción de censura fracasó el día 17 del mismo mes.

Derecho y política en la formación del nuevo Gobierno de Murcia

Al analizar lo que ha ocurrido en la composición del Gobierno de Murcia, fácilmente se ve lo que ha pasado: el Presidente ha cesado a una Consejera de Ciudadanos que firmó una moción de censura contra él, y a otros dos Consejeros que no firmaron esa moción (por no ser diputados), pero que quizás estuviesen de acuerdo con ella. Esto se explica por sí mismo, pues un presdiente no mantiene en su gobierno a quienes tratan de apartarlo a él del cargo. En su lugar, ha nombrado a otros tres Consejeros, y ha mantenido a una más. Lo curioso respecto a tres de ellos (Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez) es que también habían firmado la moción de censura. El Presidente les hizo cambiar de opinión ofreciéndoles cargos en el Gobierno: a una, su continuidad en él y a los otros dos, su entrada en el Ejecutivo. ¿Se puede considerar que estos nombramientos son legales?

El Presidente de la Comunidad Autónoma tiene libertad para nombrar a su equipo de gobierno. Se trata de un acto genuinamente político, y el Estatuto de Autonomía y la Ley 6/2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia le imponen muy pocos límites. En concreto, el artículo 33 de esta segunda Ley sólo establece que, para ser Consejero, hay que ser español, mayor de edad, tener la condición política de murciano, no tener restringido el derecho a votar ni a presentarse a elecciones, y no estar inhabilitado por sentencia firme para ejercer cargo o empleo público. Por lo demás, el Presidente goza de libertad para elegir, porque se entiende que ha de poder formar un equipo de personas de su más absoluta confianza. Nos podríamos preguntar si no sería conveniente añadir algunos requisitos respecto de la cualificación, la experiencia o la integridad moral de los Consejeros y Consejeras, pero ahora dejamos fuera esa cuestión.

Esta libertad de la que hablamos, sin embargo, no es total. Las propias leyes de la Región de Murcia le imponen límites. El artículo 1 de la Ley 5/1994 del Estatuto Regional de la Actividad Política dice que los altos cargos de la Región de Murcia “ejercerán su actividad política de servicio público con lealtad al interés general de la ciudadanía de la Región de Murcia, integridad, objetividad, transparencia y eficacia.” El artículo 2.2 determina que, entre los altos cargos sujetos a estos deberes, está el Presidente de la Comunidad Autónoma.

Estos límites son poco concretos: se trata de principios que la Ley no define, y los artículos siguientes se refieren más bien a cuestiones como los conflictos de intereses y las incompatibilidades. Pero creo que está claro que los nuevos nombramientos en el Gobierno de Murcia difícilmente se pueden justificar por el interés general ni se pueden considerar conformes con un principio de integridad. Aceptando que el Presidente tiene la libertad de nombrar para su Gobierno a las personas en las que confía, no resulta creíble que el Presidente de la Región de Murcia pueda confiar en una Vicepresidenta que firmó una moción de censura contra él, ni en dos diputados que también firmaron esa moción de censura. El cambio de opinión de estas tres personas se debe a que el Presidente les ofreció cargos en el Gobierno. Sería en ese momento cuando ellas y él le aseguraron al Presidente la necesaria lealtad. Es decir, que el Presidente compró su propia confianza en sus nuevos Consejeros mediante los cargos. Sin embargo, la idea es la contraria: que el Presidente nombre a personas en las que confía antes de haberles ofrecido los puestos. Así pues, el Presidente ha abusado de su libertad para nombrar, y por lo tanto, no se puede considerar que los nombramientos cumplan con el principio de integridad. Además, esto tiene consecuencias para el principio de lealtad al interés general, porque, ¿acaso va a funcionar bien un gobierno en el que participan personas que no confian las unas en las otras? ¿Es el beneficio personal de los Consejeros y Consejeras de Ciudadanos un fundamento suficiente para un Gobierno eficaz? Veremos cómo funciona este nuevo Ejecutivo, pero de entrada, no parece que se corresponda con el interés general que un Gobierno se sustente en el cálculo político y personal que resulta de sumar y restar diputados, y del hecho de que los tres diputados de Ciudadanos que se descolgaron de la moción de censura hayan sido expulsados del partido y ya no tengan la opción de votar en contra del Gobierno.

Por tanto, en mi opinión, la Ley 5/1994 de Murcia permite hacer un juicio jurídico de los nombramientos, que indica que son contrarios a la legalidad. Sin embargo, esta Ley no prevé mecanismos de sanción útiles. El artículo 18.2.c) establece que el incumplimiento de cualquiera de los deberes que ella prevé se considera una infracción. Pero la reacción prevista es simplemente la inscripción de esa infracción en el Registro de Intereses de los altos cargos que prevé el artículo 15.3 de la Ley. Aparte de esto, el artículo 20 configura otro mecanismo de reacción. Si un alto cargo incumple los deberes que le impone la Ley, la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea de Murcia podrá proponer al Pleno de la Asamblea que inste al Consejo de Gobierno a cesar al alto cargo en cuestión. Pero esto no es posible respecto al Presidente, puesto que el mecanismo para cesar al Presidente es otro: la moción de censura. Aquí pasamos ya a la responsabilidad política, y nos encontramos enseguida con las limitaciones del sistema de gobierno parlamentario, en el que la supervivencia el Gobierno depende de que una mayoría parlamentaria lo apoye. Actualmente, el Presidente de Murcia ha armado una mayoría parlamentaria a su favor, de manera que, como ya se ha visto, la exigencia de responsabilidad política mediante moción de censura ha quedado desactivada.

¿Podrían impugnarse los nombramientos ante los tribunales? Los nombramientos se produjeron por Decretos del Presidente que se publicaron en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 12 de marzo. Esos Decretos no indican los recursos que se pueden interponer contra ellos, lo que indica que se trata de actos políticos y no administrativos. Los actos administrativos deben indicar, de acuerdo con el artículo 88.3 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, los recursos posibles contra ellos, los órganos administrativos o judiciales ante los que se pueden interponer, y el plazo para hacerlo.

Sin embargo, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dice lo siguiente en su exposición de motivos: “La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política excluida «per se» del control jurisdiccional. (…). En realidad, el propio concepto de «acto político» se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.”

Por lo tanto, no existe una categoría general de actos políticos que estén excluidos del control judicial por principio. Así pues, en mi opinión, se podría intentar un recurso contra estos nombramientos ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Es muy posible que el Tribunal se declarase incompetente por considerar, después de todo, que estos concretos nombramientos quedan fuera de su jurisdicción, o que enjuiciarlos supondría quebrar el principio de separación de poderes, ya que el nombramiento de Consejeros es un acto fundamental del poder ejecutivo. Pero yo creo que es preferible que lo diga un juez, a renunciar de entrada al control de la política por parte del derecho. Tenemos las leyes para asegurar que haya un buen gobierno en interés de la ciudadanía, y los nuevos nombramientos en el Gobierno de Murcia de ninguna manera se pueden considerar ni íntegros ni conformes con el interés general, que son principios jurídicos del buen gobierno según la legislación murciana.

Reflexiones finales

Más allá de la legalidad o ilegalidad de los nombramientos del nuevo Gobierno de Murcia, y de la posibilidad de recurrirlos o no ante la justicia, creo que estos sucesos deberían ser una sacudida para la conciencia ciudadana en Murcia y en todas partes. La Región de Murcia ha progresado en los últimos 45 años, sin duda. Un reciente estudio de las Cámaras de Comercio de España muestra que es la Comunidad Autónoma donde más ha crecido el producto interior bruto en los últimos 45 años, en términos porcentuales. Aún así, sigue entre las últimas en producto interior bruto por persona, tiene una tasa de paro superior al 15% (ligeramente por encima de la media española), una tasa de abandono escolar temprano del 22,6% (cinco puntos más que la media española), y su inversión en investigación, desarrollo e innovación no llega al 1% de su producto interior bruto, por debajo de la media española. Hay algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Canarias o Extremadura que tienen indicadores igual de malos o peores, pero no parece que los murcianos puedan presumir mucho. También podríamos hablar de la catástrofe ecológica en el Mar Menor, de la cual no es responsable solamente el Gobierno de Murcia, pero sí es uno de los responsables principales.

Como decía antes, la situación política actual debería hacer reflexionar a las murcianas y murcianos, y a todos, sobre nuestro autogobierno. El Preámbulo del Estatuto de Autonomía de Murcia, de 1982, dice que “El pueblo de la Región de Murcia proclama como valores superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad y manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de progreso que asegure una digna calidad de vida para todos los que viven y trabajan en la Región”, y el artículo 1 declara que la provincia de Murcia se constituye en Comunidad Autónoma para acceder a su autogobierno. Fue seguramente un momento emocionante para las personas que viven allí, y un acto de madurez democráctica y política. Hay que pensar, casi 40 años después, si hemos estado a la altura de las promesas de entonces, si la dirección política de las Comunidades está cumpliendo con las promesas fundacionales de los Estatutos, y qué hacer para mejorar. En Murcia, parece que a su Presidente y a sus Consejeros se les han olvidado esos compromisos completamente.

No puedo terminar sin subrayar la gravedad de la entrada de la extrema derecha en el Gobierno de Murcia, algo que no ha ocurrido ni en Francia, ni en Alemania, ni en el Reino Unido, ni en muchos otros de los países a los que nos queremos parecer. Un partido con nostalgia de la dictadura franquista no debe participar en la dirección política de una Comunidad Autónoma ni tener el poder de dictar normas obligatorias. Ya escribí sobre la ineptitud de Vox para gobernar en este artículo. Ahora, puede que consigan hacer realidad su sueño de posibilitar el veto parental para la educación en diversidad sexual y de género, tan necesaria para los propios niños y niñas. Si alguien piensa que esa educación adoctrina o quita la libertad, puede ver este documental de Televisión Española de 2016. En él salen charlas en institutos sobre diversidad afectiva, sexual y de género, además del testimonio de víctimas de acoso y discriminación. No sé cómo se puede estar en contra de algo así.

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